Article d’Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d’Units per Avançar, publicat a El Economista el dia 10 d’agost de 2010.

El mismo día que se dio a conocer la caída histórica del PIB en España, el presidente Sánchez afirmó que “las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya, como logramos, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del PIB del segundo trimestre de este año.

Es cierto que ese momento ha pasado, es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica, y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica”.

No sé qué opinarán ustedes, pero él o yo vivimos en un mundo distinto.

Es cierto que la obligada hibernación económica de las actividades no esenciales ha pasado. Pero es cierto, también, que sus consecuencias están todavía muy presentes.

“Como consecuencia de la fuerte caída de la actividad, las empresas necesitarán hasta final de año en torno a 230.000 millones de euros”

Las medidas sanitarias de distanciamiento social, los brotes, la tendencia a evitar las aglomeraciones, el temor con el que con mayor o menor medida se convive con el virus, y la inevitable incertidumbre, hace que la actividad económica se mantenga a niveles bajos. Anormales.

Solo hay que pasearse por las calles, cines, teatros, centros comerciales, hoteles, y un largo etcétera, y observar una imagen que nada se parece con la de hace un año en estas mismas fechas.

Si pasar de esa absoluta hibernación a los niveles de actividad propios de la nueva normalidad es reactivación económica, pues qué quieren que les diga.

“Cerca de 70% de las empresas, que emplea a tres de cada cuatro trabajadores, tendrán déficits de liquidez”

Sin ir más lejos, el Banco de España estima que, como consecuencia de la fuerte caída de la actividad, las empresas necesitarán hasta final de año en torno a 230.000 millones de euros para hacer frente a los pagos corrientes (suministros, alquileres, gastos financieros o costes de personal), las inversiones previstas y la amortización de deuda.

El análisis del supervisor señala que, entre abril y diciembre, cerca de 70% de las empresas, que emplea a tres de cada cuatro trabajadores, tendrán déficits de liquidez.

Son diez puntos más del nivel esperado antes del estallido de la pandemia, aunque el informe advierte que, antes de la crisis, el nivel de endeudamiento estaría marcado por planes de inversión mientras que ahora las compañías están centradas en el pago de deuda.

“No hay que olvidar que nuestra actual crisis económica es una crisis de demanda asociada al COVID-19. Mientras este dure, aquella persistirá”

Por tanto, de reactivación económica, nada de nada.

Pero, además, las ayudas vía crédito con aval no son las adecuadas. Lo he dicho por activa y por pasiva. De ahí, precisamente, y entre otros motivos, que la caída del PIB en España haya sido mayor que la sufrida por nuestros vecinos europeos.

No hay que olvidar que nuestra actual crisis económica es una crisis de demanda asociada al COVID-19. Mientras este dure, aquella persistirá. Por tanto, los problemas de liquidez seguirán, aunque acrecentados por la obligación en su momento de tener que devolver los créditos solicitados.

Esta situación, se solapa, además, con un modelo productivo basado, esencialmente, y entre otros, en el turismo y los servicios, circunstancia que incide también en la mayor caída del PIB en España con relación a nuestros países vecinos.

“No es de extrañar que, al finalizar el primer semestre del año, la recaudación tributaria acumule una caída del 18%”

Por tal motivo, Europa ha aprobado el famoso Fondo de Recuperación cuyo objetivo es transformar ese modelo en otro más resistente en situaciones similares y adaptado a la realidad del siglo XXI; proyecto ambicioso, pero lento, y que permitirá, eso sí, mayor riqueza y un Estado del Bienestar más sólido.

Pero esa transformación puede estar precedida de la destrucción de riqueza, empleo, y bienestar, fruto de la inevitable falta de tesorería o de liquidez.

En este contexto, no es de extrañar que, al finalizar el primer semestre del año, la recaudación tributaria acumule una caída del 18 %; caída que desata el temor a nuevos impuestos.

Sin embargo, lo prioritario ahora es solucionar nuestro déficit estructural que, año a año, incrementa la deuda y nos hace a todos más pobres, sin saberlo, hipotecando nuestro futuro y el de nuestras generaciones futuras. Ese es el objetivo, además, obviamente, de una reforma eficiente y eficaz de la Administración Pública y un necesario ajuste de los “privilegios” y “desigualdades” fiscales que, claro está, conlleva a un aumento selectivo de impuestos, pero no una subida generalizada de los mismos o a la creación de otros nuevos. Tiempo habrá para ello.

Afortunadamente, el Presidente Sanchez ha descartado a corto plazo la necesaria reforma estructural del sistema tributario, pero no ha renunciado a la subida de impuestos prevista ya antes del COVID-19. Craso error.

Lo prioritario y urgente, ahora, es, insistimos, solucionar nuestro déficit estructural, además, claro está, de ayudar a todas las empresas sin excepción que, siendo viables antes del Estado de Alarma, están hoy en riesgo de desaparecer.

Pero claro; volvemos a darnos con la misma en la frente. Nuestro nivel de deuda y déficit no nos deja margen de maniobra. Cuando más nos hemos de endeudar, menos podemos hacerlo. Apelamos, entonces, a la justicia fiscal, olvidándonos de nuestro desajuste presupuestario y estructural, obviando, también, que mayores impuestos detraen liquidez del mercado que es, recordémoslo, lo que ahora necesitamos. Se ignora, en definitiva, que el problema estructural es de gasto, y no de ingresos.

Pero no. La culpa es la insolidaria Europa y el fraude.

Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. La culpa es de nuestros políticos centrados, normalmente, en el redito electoral a corto plazo y en una política clientelar.

En otro orden de cosas, las PYMES requieren también de un apoyo especial. Nuestras pequeñas y medianas empresas no tienen el tamaño necesario. No son competitivas. Es pues imprescindible y urgente ayudarlas de verdad de forma prioritaria, sin olvidar los necesarios y urgentes planes sectoriales que fomenten la demanda.

En este contexto, es necesario que los políticos nos digan la verdad y que, desde la misma, soliciten nuestro compromiso y confianza. Desde la ejemplaridad y la humildad. No desde la soberbia de considerarnos casi los artífices del gran pacto europeo. No.

Desde la sinceridad que requiere reconocer la grave situación económica, nuestros “pecados” estructurales, nuestra precariedad financiera, y el muy sombrío panorama que nos espera si no hacemos nada. Con la esperanza de acertar en las medidas a adoptar. Con el convencimiento, en definitiva, que la solución pasa inexorablemente por una estrecha colaboración público-privada.

Así, sí; Señor Presidente.