Article d’Antoni Durán-Sindreu, membre del comitè directiu d’Units per Avançar, publicat en el suplement Diners de La Vanguardia el dia 26 de juliol de 2020.

Es cierto que la situación actual de deuda y gasto público no es sostenible en el tiempo. Pero ello no es imputable al COVID-19.

La verdad es que la situación estructural de España no ha permitido actuar como otros países lo han hecho: ayudas directas. Las razones de no hacerlo son bien conocidas: una deuda pública cercana al 100% del PIB fruto de un déficit estructural. En consecuencia, la necesidad de mayores impuestos no tiene su causa en el COVID-19, sino en la “carencia estructural” previa de España y que este ha agravado.

Lo urgente, pues, continúa siendo inyectar liquidez no reintegrable, inyección que es incompatible con un aumento de impuestos.

Pero lo más importante es hacer los deberes, esto es, un ajuste del gasto preservando y mejorando las partidas que sustentan el Estado del Bienestar; ajuste que ha de eliminar lo superfluo y las duplicidades, aplicar políticas de austeridad, eliminar el gasto político, y mejorar la eficiencia de las Administraciones mediante la colaboración y la externalización, además de avanzar en la colaboración público-privada. En definitiva, un plan de reforma de la Administración Pública y, en definitiva, de buen gobierno.

Pero hay más. Según el Plan Estratégico de la AEAT 2020-2023, en 2018, las deudas tributarias suspendidas por recursos interpuestos por los contribuyentes ascienden a 12.763 millones de euros. Por su parte, los recursos de casación pendientes de resolver por el Tribunal Supremo, y que representan casi un 40 % del total, son también una cifra importante. Es pues urgente un plan de mediación y arbitraje que reduzca esta cifra en beneficio de las dos partes.

Más. La cifra que se deja de recaudar cada año por incentivos y beneficios fiscales asciende a 34.825 millones de euros (2018), circunstancia que explica una de las razones de nuestra presión fiscal inferior a la media europea: la baja recaudación que tales incentivos conlleva. Para más inri, en la mayoría de los casos no existe ningún estudio sobre su eficacia. Este es también otro camino para recorrer. Y todo, sin citar la lucha contra el fraude fiscal.

Es también prioritario y urgente un plan de reactivación económica, reindustrialización, y creación de empleo que permita aumentar el nivel de vida de los ciudadanos, ensanchar la clase media, y reducir la pobreza. En este sentido, el aumento de recaudación ha de venir de la mano de la mayor riqueza que se cree y no de reducir la ya existente. Plan que hay que completar con impuestos que disuadan la riqueza no productiva, esto es, que promuevan su incorporación al mercado cumpliendo así la función social que a la propiedad le corresponde.

Y todo, en el marco de una reforma integral del sistema tributario y de políticas pre distributivas, esto es, de redistribución de la renta con carácter previo e independiente de los impuestos.

¿Hay pues que subir los impuestos? En mi opinión, no.

Antonio Duran-Sindreu Buxadé