Una de las muchas “revoluciones” en la gestión de nuestro sistema tributario ha sido, sin duda, la generalización del régimen de “autoliquidación” que, como sabemos, consiste en que el contribuyente no solo “declara” determinados hechos con trascendencia tributaria, como por ejemplo, que ha cobrado un sueldo o un premio de lotería, sino que calcula, también, el importe que le corresponde ingresar como consecuencia de ello, esto es, “liquida” también el impuesto. Esta labor de liquidar significa aplicar la ley, esto es, conocerla e interpretarla; pero significa, así mismo, que si la aplicación que de la misma se hace es errónea, el contribuyente incurre en una infracción administrativa susceptible de sanción salvo, claro está, que se trate de lo que se denomina una interpretación razonable de la norma.

Esta obligación de autoliquidar los impuestos no solo se ciñe a los que por ley el contribuyente está obligado a pagar, sino también a todas aquellas otras obligaciones tributarias de carácter económico, como por ejemplo, las “retenciones”.

A estas obligaciones de carácter económico hay que añadir igualmente un amplio elenco de obligaciones de distinta naturaleza como las de presentar declaraciones recapitulativas, resúmenes anuales, o las mucho más recientes vinculadas al novedosos Sistema de Información Inmediata (SII).

En definitiva, un ingente número de obligaciones que requieren el conocimiento y aplicación de la ley y que, como no puede ser de otra forma, suscitan dudas y discrepancias de criterio en su aplicación que, en ocasiones, se traducen en inseguridad jurídica y largos conflictos judiciales.

En este contexto, parece lógico que la Administración habría de evolucionar hacia un modelo colaborativo o participativo en el que el “contribuyente” ocupara su espacio central no tanto en su condición de “obligado al pago” sino de colaborador “esencial” en el diseño, gestión y aplicación del sistema tributario. Y algo se ha avanzado, pero muy poco en comparación con la evolución que la gestión tributaria ha tenido en nuestro país. Junto al tradicional régimen de consultas vinculantes, es cierto, también, que la AEAT resuelve un número importante de consultas y cuenta con puntos de “encuentro” como el Foro de Grandes Empresas o el de Asesores o Colaboradores. Pero insisto, hoy es insuficiente.

Una Administración moderna cuyo sistema de gestión pivota sobre el contribuyente o, mejor, sobre el denominado obligado tributario, ha de concebir a este como un colaborador esencial y necesario en el éxito de su resultado; colaborador proactivo e imprescindible para que funcione la correa de transmisión de la confianza y de la cercanía. Un colaborador que se sienta escuchado y atendido en sus preocupaciones con la Hacienda Pública; que pueda compartir con la propia Administración las ventajas e inconvenientes de cualquier iniciativa legislativa; que pueda participar en la resolución de los conflictos que se puedan suscitar; que tenga una respuesta rápida a sus muchas dudas en la muchas veces precipitada aplicación de cualquier novedad normativa.

La Ley, como ya sabemos, nos obliga a todos. Y si es así, no hay nada mejor que todos participemos de ella; que la sintamos nuestra. Es pues necesario ahuyentar el sentimiento de “sumisión” para interiorizar el de compromiso social. Y eso solo se consigue con una colaboración real y sincera; colaboración, claro está, integrada en la propia estructura de la Administración. No hay que olvidar que ni el contribuyente ni la Administración tienen la “exclusiva” en la interpretación de la ley; pero es obvio que ambos han de aplicarla por igual. Nada pues mejor que el diálogo o la colaboración para evitar los litigios y la conflictividad; diálogo en la gestación y diseño de las normas; diálogo con la finalidad de evitar posibles controversias, por ejemplo, en la aplicación del IVA en las subvenciones, en el tipo impositivo aplicable a las monturas de gafas graduadas, en el IVA del turno de oficio, en la tributación de administradores y profesionales, y en un larguísimo y preocupante etcétera; diálogo para “acercar” al contribuyente; para “unir” dos partes que parecen estar enfrentadas; diálogo, en definitiva, para modernizar el viejo pero certero eslogan de “Hacienda somos todos”.

Pero la verdad es que cumplir es una obligación; participar, solo es cuando conviene; y lo de “todos” es tan solo eso, un eslogan. Modernizar ese eslogan es abrirlo al diálogo, esto es, a la verdadera colaboración y, en definitiva, al fomento de la cultura tributaria en mayúsculas; cultura que exige no solo que el sistema tributario se perciba como justo, sino que el “obligado tributario” se sienta partícipe del mismo; identificado con el mismo; parte central del mismo. Es pues necesario modernizar nuestra Administración transformándola en una de naturaleza colaborativa y participativa y fundamentalmente “empática”. La empatía, confianza, cercanía y colaboración son los valores que la Administración, como tal, ha de respirar. Pero así y todo, no es suficiente. Se requiere, también, celeridad, transparencia y visualización de lo que pagamos. Cuando una Administración trocea sus impuestos en muchos y muy variados tributos y dificulta una clara visualización de lo que cada uno de nosotros acaba finalmente pagando, no puede sentirse muy orgullosa de su propio sistema tributario. Es pues necesario implantar cuanto antes una verdadera cultura de diálogo y transparencia o, si se prefiere, y como hoy ya se conoce, una verdadera cultura colaborativa o participativa.